España afronta un importante reto en las próximas décadas. Las generaciones del futuro deberán sostener una de las piezas clave del estado del bienestar, el sistema de pensiones. Las cuentas del Gobierno, publicadas en el quinto capítulo del documento ‘ España 2050. Fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo’ analiza el «desafío de adaptar nuestro estado de bienestar a una sociedad más longeva». Y, aunque en él se habla del gasto público dedicado en España a «pensiones, salud y servicios de cuidado» de las personas de mayor edad, son las decisiones planteadas para modificar las primeras las más que más expectación han generado. Sin embargo, no adelanta en realidad ninguna solución, sino que se limita a señalar qué opciones están encima de la mesa son decantarse aún por ninguna.

Hace unas semanas unas declaraciones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre la necesidad de un «cambio cultural» en España para trabajar «cada vez más», hasta los 70 o 75 años, suscitaron una gran polémica. El ministro se lamentó de que le hayan «sacado fuera de contexto» sus declaraciones y matizó que «en ningún caso» planteó la necesidad de trabajar hasta los 75 años, tal y como algunas voces han denunciado después de la entrevista concedida al diario ‘Ara’, sino que su objetivo es «fomentar medidas que contribuyan a cambiar la mentalidad de las empresas para que no expulsen a trabajadores del mercado laboral a partir de 55 años».

Las previsiones del Gobierno estiman un aumento de la esperanza de vida de tres años durante las próximas tres décadas. Esto implicaría que dentro de treinta años un tercio de la población tendría 65 años o más y que por cada persona en esta franja de edad habría solo 1,7 entre los 16 y los 64 años cuando hoy hay 3,4. El documento subraya que el nivel actual de gasto en pensiones «no supone, per se, una carga desproporcionada para el sistema». «No obstante, el aumento previsto para las tres próximas décadas, una vez lleguen las cohortes más pobladas del baby boom a la edad de la jubilación, sí constituye un desafío importante», advierte. «Ni las posibles mejoras en la tasa de natalidad ni un potencial incremento de la inmigración podrán revertir completamente este escenario», advierte el texto.

Ante este panorama la pregunta es inevitable: ¿cómo lograr que el sistema público de pensiones afronte el triple desafío de fortalecer su sostenibilidad financiera, proporcionar ingresos adecuados en la jubilación y garantizar la equidad intergeneracional? Para afrontar el aumento del gasto en pensiones, la estrategia propone tres ámbitos de actuación; la edad de jubilación, la tasa de sustitución y la financiación.

El primero es el relativo a la edad de jubilación. En este punto, además de asegurar que es necesario reducir las jubilaciones anticipadas y aumentar la tasa de participación laboral de la población en edad avanzada, la estrategia abre la puerta a alargar el período activo más allá de los 67 años pactados para 2027 a medida que la esperanza de vida siga aumentando. La justificación está en que el envejecimiento activo vinculado a la mejora de la calidad de vida «hará que muchos de los estereotipos actualmente asociados a la vejez (improductividad, aislamiento, dependencia) queden aún más obsoletos, y que las personas puedan desarrollarse y seguir aportando su talento y experiencia durante cada vez más tiempo, convirtiéndose en agentes sociales y económicos claves para el futuro de nuestra sociedad».

El segundo se refiere a la evolución de la tasa de sustitución, entendida como el porcentaje que supone la pensión sobre los ingresos recibidos antes de la jubilación. El documento sencillamente explica que «en nuestro país, existe un intenso debate en torno a este asunto. Por un lado, están quienes hacen hincapié en que España tiene una de las tasas de sustitución más altas de la UE, y argumentan que las personas jubiladas reciben, en media, más de lo que aportaron. Por otro, están quienes ponen el énfasis en la gran heterogeneidad y desigualdad que existe detrás de la media, en el importante apoyo económico que la población jubilada española presta a sus familias (especialmente en periodos de crisis y elevado desempleo), o el hecho de que el riesgo de pobreza o exclusión social de los mayores de 65 años en España es superior al de otros países europeos». Así que, sin decantarse por qué visión es la que apoyan desde Moncloa, la estrategia se limita a decir que «la clave está en que la tasa de sustitución responda adecuadamente a la necesaria relación que debe existir entre la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones públicas, y la equidad intergeneracional que debe perseguir el sistema.

La tercera y última cuestión es la de la financiación. En este apartado, el texto plantea dos opciones. La primera, fomentar los sistemas de pensiones de previsión social complementaria. Para justificarla, la estrategia señala que «en España, la práctica totalidad de las pensiones de jubilación son financiadas por el sistema público. En otros países avanzados, por el contrario, hay sistemas mixtos que complementan la pensión pública con pensiones privadas (fundamentalmente, planes privados de empleo) obligatorias, cuasi-obligatorias o voluntarias pero muy generalizadas. Muchas voces alegan que España tendrá que adoptar progresivamente alguno de estos modelos híbridos». La segunda, en cambio, da voz a quienes «apuntan a que también será necesario elevar las cotizaciones sociales, financiar una mayor parte de las pensiones vía impuestos generales y/o reformular los gastos cubiertos por las cotizaciones sociales, de forma que en su totalidad se destinen al pago de las pensiones contributivas, en línea con las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo».

FUENTE: elcorreo.es